Hazte Oír lleva al Tribunal de Cuentas la devolución de 340.572 euros cobrados por David Sánchez

Hazte Oír lleva al Tribunal de Cuentas la devolución de 340.572 euros cobrados por David Sánchez

La petición ante el Tribunal de Cuentas abre una vía concreta para aclarar si el dinero público abonado en una plaza declarada arbitraria debe volver a las arcas públicas.

David Sánchez a su llegada a declarar
Imagen: El Debate / Europa Press. Fuente enlazada al final del artículo.

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  • Hazte Oír ha pedido al Tribunal de Cuentas que abra un procedimiento para reclamar 340.572 euros vinculados a las retribuciones de David Sánchez en la Diputación de Badajoz.
  • La petición se produce después de que la Audiencia Provincial condenara a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, según la información publicada por El Debate.
  • La asociación solicita que se investigue la creación, adjudicación y mantenimiento de la plaza, así como la actuación de los cargos y empleados públicos implicados.
  • La parte positiva de la noticia está en la vía de rendición de cuentas: si hubo menoscabo para las arcas públicas, será el órgano contable quien deba determinarlo.

Desarrollo completo

La causa relativa al puesto ocupado por David Sánchez en la Diputación de Badajoz suma ahora una derivada contable. Según ha publicado El Debate, la asociación Hazte Oír, personada como acusación popular, ha presentado un escrito ante la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para que se abra un procedimiento de reintegro por alcance.

La cifra que la organización pide examinar asciende a 340.572 euros. Esa cantidad correspondería, de acuerdo con la petición citada por el medio, a las retribuciones percibidas durante casi ocho años por el hermano del presidente del Gobierno en una plaza cuya creación fue considerada arbitraria por la Audiencia Provincial al dictar condena por prevaricación administrativa.

La petición no equivale por sí sola a una resolución definitiva. Lo relevante es que traslada el debate al órgano competente para valorar si existió un perjuicio económico para los caudales públicos y, en caso afirmativo, quién debe responder por él. Hazte Oír reclama que, además del propio perceptor, se examine la actuación de quienes participaron en la creación, adjudicación, mantenimiento y autorización de pagos del puesto.

Entre los nombres citados en la información figuran el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, la exdiputada de Cultura Cristina Núñez, la exdirectora del área Elisa Moriano y otros responsables o empleados públicos que habrían intervenido en el expediente. La asociación también ha pedido a la Audiencia Provincial de Badajoz que remita al Tribunal de Cuentas la sentencia condenatoria, los informes de la UCO y la documentación salarial de la Diputación.

El Debate recuerda que la Audiencia Provincial condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, pero no acordó en esa sentencia la devolución de las retribuciones porque la cuestión debía ventilarse en la jurisdicción contable si se ejercitaba la acción correspondiente. Ese es precisamente el paso que ahora se ha activado.

La próxima fase dependerá de la respuesta del Tribunal de Cuentas. Si admite y tramita el procedimiento, podrá practicar una liquidación provisional, requerir afianzamiento o depósito y, si procediera, acordar medidas como el embargo de bienes conforme a la legislación aplicable. Hasta entonces, el punto central sigue siendo la comprobación institucional de los hechos y de la eventual responsabilidad económica.

Por qué es una buena noticia

La rendición de cuentas es una buena noticia cuando convierte una sospecha o una condena penal en una comprobación concreta sobre el uso del dinero público. Para el ciudadano común, lo importante no es el ruido partidista, sino que los cargos, familiares, intermediarios y administraciones respondan bajo reglas iguales si hubo una plaza arbitraria o un pago indebido.

Verificación y fuentes

  • Fiabilidad: 8/10. Fuente periodística identificada, con datos concretos, nombres, órgano competente y referencia a resolución judicial previa.
  • Riesgo de fake/manipulación: bajo-medio. La petición de una parte no es una resolución firme del Tribunal de Cuentas; el artículo distingue solicitud, condena previa y fase pendiente.
  • Fuente principal: El Debate.